La reunión estuvo convocada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del área Legal y Técnica del Ministerio de Salud, de la Dirección General de Administración de Bienes y de la Secretaría de Atención Ciudadana, en conjunto con vecinos y representantes de la comuna 15 y 11 (Ignacio Crevena, Carlos Méndez, Lito Grisafi y Paula Resels), el 7 de marzo a las 18 hs. en la sede deportiva del Club Sholem (Maturín 2455).

Después de un ajetreado movimiento de parte de los vecinos hacía los representantes del gobierno, por la expropiación de la Ex Liga Israelita para su conversión en un Centro de Salud Barrial, se logró la próxima puesta en marcha del centro pero, sin antes atravesar un obstáculo: la modificación de un punto de la ley 3011 mal redactado. El modelo por el cual se había puesto en ejemplo para el procedimiento de la expropiación de un edificio había sido una fábrica recuperada, por lo cual, no siendo este el caso, se modificó la nueva ley. Para ello, en la charla se explicó la técnica de expropiación para un edificio con estas características.

Cristian Herrera -titular de la Dirección Legal y Técnica del Ministerio de Salud- explicó que la ley sólo disponía del uso de la Ex Liga, no así de su expropiación. “Al principio, con la gente de Bienes con la que vimos esto, incluso dudamos, porque todos estábamos convencidos de que ya iba a ser expropiado. Habían prorrogado la vigencia de la ley y a los efectos de la indemnización teníamos un monto para expropiar el dominio del inmueble, y no simplemente el uso. Después de varias consultas decidimos que había que redactar una nueva ley”. Además explicó que “el artículo 30 dice que lo que estoy expropiando, si se me permite el término porque tampoco es expropiar del todo, es el uso; en realidad, yo estoy tomando el uso de un bien por un plazo máximo de dos años”. Y que “este es el esquema que se ha utilizado en las empresas recuperadas. Fue un error de redacción que le puede pasar a cualquiera, de hecho lo votó una Legislatura, después lo amplió otra y nadie advirtió el error. Ese error, que parece ser semántico, de hecho me impedía celebrar cualquier convenio, pero muchísimo más en una quiebracon un síndico y con acreedores; no podíamos avanzar sobre esa fragilidad”. Aún así, Herrera destacó que es la voluntad del Ministerio destinar el edificio al CESAC (Centros de Salud Comunitaria). Luego aseguró que cuando se tenga la nueva ley, se harán las gestiones con el síndico para poder llegar a un acuerdo que sea aceptable por el juez de la quiebra. “El síndico está de acuerdo con los términos de la expropiación, la valuación satisface los créditos que puedan existir en la quiebra, pero siempre vamos a estar supeditados a que el juez de la quiebra diga no; entiendo que no sería razonable, pero él tiene la decisión final”. La subgerente operativa de la Administración de Bienes del  Desarrollo Luciana Setti detalló que “tenemos acá una colisión de normas en la que están por un lado, la norma de la Ciudad que va a ser prontamente sancionada, por la que se impone la expropiación y por el otro lado, las normas de orden público de lo que es un concurso o una quiebra, y estas son normas de orden nacional que priman sobre las normas de la Ciudad, tienen un rango superior”.

Determinó que “la norma nacional dice que para todos los inmuebles que están comprendidos dentro de una quiebra, la única forma de venta posible es la subasta pública, porque se supone que en la subasta pública se lo lleva el que más plata pone, y mientras más plata tenemos más grande es la torta para dividir entre los acreedores”.

Destacó además que “la idea del Gobierno de la Ciudad es llegar a un acuerdo con el síndico de la quiebra para que el inmueble sea prontamente de titularidad de la Ciudad, pero teniendo en cuenta que no estamos tratando acá con un propietario que tiene la firma liberada, sino que el propietario está en quiebra y por lo tanto su firma siempre está sujeta a la autorización de un juez”. La tasación del inmueble, hecha por el Banco Ciudad, oscila entre los seis millones quinientos mil pesos.

Herrera explicó que “la tasación del Banco Ciudad está por encima de lo que espera el síndico, con lo cual, como estoy obligado a pagar la tasación del Banco Ciudad y tengo la plata para pagarla, con el síndico no debería haber ningún inconveniente”. Y en cuanto a la demora de todos los trámites burocráticos, luego de la aprobación de la ley en la legislatura, tienen que pasar ocho días de la promulgación, después de esto se puede comenzar a trabajar efectivamente.

Setti explicó que “Una vez que la ley esté promulgada, lo primero que vamos a hacer es sacar un decreto del jefe de Gobierno aprobando el modelo de convenio y la venta, compra y expropiación del inmueble. Eso puede llevarnos, más o menos, unos treinta días, porque tiene todo un trámite administrativo”.

Cuando esté promulgado en el Boletín Oficial, se calcula un promedio de dos o tres meses para que esté el convenio firmado en el expediente. Herrera finalizó rectificando el compromiso de la Ministra de Salud, Graciela Reybaud, en instalar un nuevo CESAC en la Ex Liga Israelita que se cumplirá en este 2013.