En el salón Montevideo, se reunió la Comisión de Planeamiento Urbano, presidida por el legislador Edgardo Alifraco y con Bárbara Rossen como vicepresidenta, recibió a vecinas, vecinos y representantes de distintos barrios durante la primera parte de la reunión.

Luego, los legisladores avanzaron con el tratamiento de los expedientes del orden del día y emitieron dictamen sobre el proyecto de integración socio urbana de La Carbonilla.

El proyecto de integración socio urbana de La Carbonilla ya pasó por la Comisión de Vivienda donde fue aprobado, luego siguió la Comisión de Planeamiento le sigue la Comisión de Presupuesto, presidida por Waldo Wolff.

El texto propone un marco para la reurbanización, regularización dominial y mejora de las condiciones habitacionales de dicho barrio. La iniciativa crea el Plan Integral de Reurbanización (PIRU), que contará con participación de vecinas, vecinos, organismos locales y entidades públicas a través de una Mesa de Gestión Participativa. El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la ejecución de obras, el otorgamiento de créditos con tasas preferenciales y la difusión de información sobre el avance del proceso.

La propuesta establece relevamientos sociales y físicos, soluciones habitacionales únicas, mejoramientos o relocalizaciones cuando resulten necesarios, con prohibición de desalojos forzosos y prioridad para familias en situación de vulnerabilidad. También prevé obras de agua, electricidad, cloacas y accesibilidad universal, junto con la construcción de equipamiento comunitario, como un jardín maternal, un centro de salud y espacios verdes. Además, incorpora la inembargabilidad de las viviendas, medidas para proteger la identidad barrial e iniciativas para incluir a residentes en las contrataciones de obra y fortalecer los comercios y emprendimientos locales.

En tanto, el jueves 24 de septiembre, Jorge Macri desató otra jornada de terror en las villas y barrios vulnerables con el operativo llamado “Tormenta negra”. Más de 1.500 policías ingresaron en una docena de barrios populares. Secuestraron autos, reprimieron y clausuraron comercios.

El Gobierno de la Ciudad puso en marcha un nuevo operativo de gran escala, bautizado “Tormenta Negra”, que alcanzó simultáneamente a 15 villas y barrios populares porteños como la Villa 31, Villa 21-24, La Carbonilla, Barrio Fraga, Rodrigo Bueno, Barrio Mitre, Ciudad Oculta, Villa 20, INTA, Bermejo, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima. En cada uno de estos puntos, la lógica fue similar: controles de personas y vehículos, inspecciones sobre comercios y construcciones, retiro de autos abandonados y basura acumulada. También se advirtió sobre la persecución a trabajadores informales, vendedores ambulantes, feriantes y migrantes. La presencia policial, visible y numerosa, buscaba transmitir terror entre vecinas y vecinos.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri ofreció declaraciones a la prensa que reforzaron el sentido de la jornada: “La ley rige en cada metro cuadrado de la Ciudad”, afirmó, en un mensaje que buscó subrayar la intención de “recuperar el orden” en zonas donde, según el Ejecutivo porteño, proliferan actividades irregulares, aunque no especificó las causas y órdenes judiciales que motivaron los operativos.

Para vecinas y vecinos la jornada dejó preocupación y miedo, por la irrupción masiva de uniformados, la violencia ejercida por los mismos y el cierre de comercios que, más allá de su situación legal, forman parte del entramado económico cotidiano.

Las diputadas Vanina Biasi, del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), y Delfina Velázquez, de Fuerza por Buenos Aires, arremetieron con dureza contra la gestión de Macri y catalogaron el operativo como un "show de racismo y discriminación".

Velázquez advirtió que Macri "sigue usando los barrios populares para montar su show, que no urbaniza los barrios ni combate el narcotráfico, y que les hace la vida más difícil a vecinos trabajadores que deben explicarle a sus hijos por qué la policía los corrió a los tiros cuando volvían de la escuela”. Por su parte, la legisladora Biasi señaló que con el discurso de perseguir narcos estaban "arrasando con comercios, puestos y viviendas", y calificó la acción como "un ataque de gravedad" que afecta a vendedores ambulantes y migrantes.

Un proyecto de resolución presentado en la Legislatura porteña propone encomendar a la Auditoría General de la Ciudad la realización de un examen especial sobre el operativo, buscando revisar los procedimientos, los recursos utilizados y las actuaciones de los distintos organismos; la iniciativa fue presentada por la legisladora Delfina Velázquez junto a otros seis legisladores.

Por otra parte, la Legislatura fue sede de una audiencia pública en el Salón Perón, convocada para abordar denuncias por violencia institucional, hostigamiento y discriminación durante la ejecución de procedimientos policiales desplegados en villas y barrios populares bajo la denominación de “Operativos Tormenta Negra”.

El encuentro fue convocado conjuntamente por el diputado Alejandro “Pitu” Salvatierra, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional, y el diputado Andrés La Blunda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación. La jornada reunió a vecinas y vecinos afectados por los procedimientos junto a diputados por la Ciudad. Asimismo, contó con la participación de comisionados e integrantes del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y el Ministerio Público de la Defensa, entre otras organizaciones.

Durante el encuentro, vecinas y vecinos expusieron testimonios sobre episodios de hostigamiento, discriminación y violencia física y psicológica atribuidos a los despliegues de las fuerzas de seguridad, registrando denuncias que escalan a más de cuarenta y seis procedimientos en el transcurso del año. El espacio tuvo como propósito articular un ámbito institucional para receptar las denuncias vecinales, consolidar redes con organismos de protección de derechos humanos y estructurar estrategias conjuntas de acompañamiento jurídico e institucional.