El Gobierno de la Ciudad avanza en la reconfiguración urbana y social de la traza de la ex Autopista 3 (AU3), un trazado que recorre el territorio porteño de norte a sur y que históricamente ha constituido un espacio de profunda disputa entre los intereses del desarrollo inmobiliario y las necesidades habitacionales reales de la comunidad. En el marco de un esquema que busca poner fin a un conflicto que arrastra más de cuarenta años de historia, el Ejecutivo local prevé la subasta de cinco terrenos que se encontraban ocupados, mientras paralelamente proyecta tener terminados un total de 110 departamentos hacia el 2027 para mudar definitivamente a las familias ocupantes.
El marco legal que regula estas intervenciones se sustenta en la Ley N° 6769 de Abordaje Socio Urbano, una normativa aprobada por la Legislatura porteña durante la última sesión ordinaria de 2024. Esta legislación tiene por objeto dar continuidad al programa original de reconstrucción del tejido urbano y social delineado en la histórica Ley N° 324, beneficiando de manera directa a unas 900 familias de la traza que sostuvieron una larga e incansable lucha. Para instrumentar estas soluciones, la antigua traza de la AU3 se dividió originalmente en seis regiones geográficas, encontrándose actualmente en plena etapa de ejecución el Sector 4, el cual comprende el corredor de viviendas ocupadas que se extiende desde la Avenida Juan B. Justo hasta la Avenida de los Incas, atravesando las comunas 3, 4, 5 y 15.
La operatoria impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, conducido por Gabriel Mraida, hace pie en un circuito integral diseñado para autofinanciar el programa. Según explicaron desde el Ministerio, la edificación de nuevas viviendas es el paso inicial que posibilita la relocalización de los núcleos familiares, dicha mudanza habilita de forma inmediata la demolición de las estructuras edilicias ocupadas y la consecuente liberación de los lotes; finalmente, la disponibilidad de estas parcelas limpias generaría la apertura de nuevos espacios públicos y la realización de subastas públicas, cuyos fondos recaudados generan los recursos presupuestarios necesarios para sostener y ampliar las construcciones futuras.
Entre 2024 y 2025 se consolidó la edificación de 45 viviendas y tres locales comerciales que permitieron la relocalización efectiva de 42 familias. La liberación y demolición de estas propiedades intrusadas dio lugar a la subasta de cuatro parcelas urbanas, una operación que ingresó a las arcas del Estado porteño una suma cercana a los cinco millones de dólares. Con el impulso de esos fondos, las autoridades adjudicaron en diciembre de 2025 los proyectos para la construcción de seis nuevos edificios residenciales.
El cronograma oficial de obras fija el inicio de las entregas de manera escalonada entre enero y octubre de 2027 para las unidades que se levantarán en las parcelas de Tronador 1131, Av. Córdoba 6520, Av. Córdoba 6210, Humboldt 1235, Darwin 1251 y Forest 1083. De forma paralela, el calendario de subastas estatales pautado para el transcurso de 2026 incluye terrenos estratégicos ubicados en Charlone 1645 y Brasil 3219, correspondientes al Sector 4, así como los lotes de La Pampa y Donado, Sucre 4258 y Donado 1761/71, pertenecientes al Sector 5.
La sanción de la ley a fines de 2024 fue el corolario de un intenso proceso de discusión política y vecinal. Un informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral detalla el recorrido histórico de la zona, desde el diseño original de la autopista durante la última dictadura cívico militar y su posterior fracaso, hasta las diferentes políticas aplicadas por las sucesivas gestiones del Pro en la Ciudad. El documento revela que a lo largo de 2024 los habitantes de los distintos sectores mantuvieron reuniones y acudieron a los despachos legislativos para visibilizar la urgencia de una salida definitiva.
Desde la Legislatura, la diputada Berenice Iañez de Fuerza por Buenos Aires explicó en su momento que las negociaciones se estructuraron bajo tres premisas fundamentales demandadas por los propios afectados: garantizar que ninguna familia de la traza quede desamparada, respetar los derechos adquiridos previamente en la Ley N° 324, y asegurar que la prioridad absoluta del texto normativo sea la solución habitacional digna por encima de la mera rentabilidad comercial de la venta de tierras.
El análisis técnico de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral pone el foco además en el destino de 17 inmuebles específicos que ya se encontraban desocupados y que, bajo los términos de la Ley N° 6769, fueron declarados innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad. Al quedar disponibles para ser subastados, la organización evaluó las características de cada estructura y propuso una serie de ejemplos de usos idóneos para la readecuación de esos espacios, orientándolos a saldar las necesidades sociales, culturales y de infraestructura relevadas en el diagnóstico de cada barrio.
Con el objetivo de blindar la transparencia y el cumplimiento de cada una de las metas socio-urbanas fijadas por la legislación, la estructura institucional sumó un nuevo órgano de control civil. A fines de 2025, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, bajo la conducción de María Rosa Muiños, encabezó el acto oficial de entrega de diplomas y toma de juramento a vecinas y vecinos elegidos como delegados para integrar la nueva Comisión de Control y Seguimiento del Sector 4 de la ex AU3. Este cuerpo de representantes vecinales asumió formalmente sus funciones con la tarea de fiscalizar los procesos de adjudicación, auditar las relocalizaciones y velar para que el acceso a un hábitat adecuado y a una vivienda definitiva sea una realidad efectiva para las familias que resistieron durante décadas en el corazón de la traza.