El viernes 29 de agosto, la comunidad educativa de la escuela Fray Justo Santa María de Oro (Av. Alvarez Jonte 1964) se movilizó una vez más en la esquina de Avenida Jonte y Andrés Lamas, en el barrio de Villa General Mitre, para rechazar el posible cierre de este establecimiento centenario.
La protesta, que incluyó un semáforazo, comenzó a las 17:15 en la puerta del colegio con la participación de docentes, padres, madres, alumnos y vecinos. La jornada transcurrió al ritmo de bombos, aplausos y cánticos, donde predominaba la preocupación, pero también la esperanza y el entusiasmo por mantener abierta “la escuelita”. Los automovilistas acompañaron el reclamo con bocinazos al pasar. En la esquina, se podían leer carteles con consignas como: “La Educación Pública no se negocia”, “La escuela no se cierra” y “La escuela se abraza”.
Conversamos con Malena Rotondo
Malena Rotondo, miembro de la Junta Comunal 11 (junto a los colegas de “Tras Cartón” y “Hormigas y Cigarras”), explicó la situación: “Estamos ante un caso particular, en un marco general de cierre de grados y una serie de situaciones creadas desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No sabemos bien si la iniciativa la genera el club Argentinos Juniors, porque quiere recuperar el espacio del club, o la genera el Ministerio de Educación”.
“Aquí estamos ante el cierre de una escuela. Esto se da en el marco de otros cierres; ellos lo llaman ‘fusión’, diciendo que unen una escuela con otra porque hay pocas vacantes… y lo digo entre comillas. En realidad, lo que están haciendo es cerrar escuelas”, afirmó Rotondo.
“El problema del Ministerio de Educación es, primero, no problematizar. Si hay pocas vacantes, que es relativo –por ejemplo, en esta escuela, el número de alumnos es más grande de lo que dicen–, solicitamos un pedido de informe para saber la cantidad real. Además, asisten muchos niños y niñas del asentamiento La Carbonilla, en situación de vulnerabilidad. No importa solo el número, sino el grupo ya armado y la propuesta pedagógica que estos docentes tienen para ellos. Si cierran esta escuela, estos niños lo van a perder”, agregó.
Responsabilidades y desinformación
Respecto a la responsabilidad, la comunera señaló: “Hay una situación particular con Argentinos Juniors: ellos finalizan un convenio. Ese convenio está con el Gobierno de la Ciudad, así que entiendo que, como lo empezaron, lo pueden terminar… Claramente no es lo que a mí me gusta, pero es la ley la que define si esa escuela debería seguir ahí o no. Hay otros clubes que también tienen convenios con escuelas secundarias. Para mí, el Ejecutivo porteño jugó con eso, echándole la culpa al club. Pero, ¿qué hace el Ejecutivo? En vez de dar una respuesta concreta, cierra una escuela y genera enojo entre padres de diferentes escuelas, lo que hace que se pierda el foco del problema educativo”.
“En el barrio no hay precedentes de cierres de escuelas. No fue un cierre gradual –que tampoco estaría bien–, sino que lo hicieron de manera complicada. A los padres, docentes y gremios les llamó muchísimo la atención. Vinieron de un día para el otro a decir que va a cerrar la escuela, y ni siquiera incluyeron a padres, madres o docentes en la decisión. Podrían haber armado una mesa de trabajo, pero claramente ya tenían una decisión. Lo que hicieron fue ver qué escuela de la comuna tiene más o menos chicos y cerraron pensando que era la respuesta”, denunció.
Articulación política y gremial
“Hoy la comunidad está respondiendo: docentes, familias e incluso muchos familiares de la escuela de Argentinos Juniors participan de estas movidas que ayudan a visibilizar el problema”, destacó Rotondo.
“Lo que circuló en un momento es que la escuela la iban a cerrar en diciembre, ya tenían la decisión y adelantaron la idea. Hubo mucha desinformación. Nosotros nos pusimos a disposición: en la Legislatura porteña, con diferentes legisladores de Unión por la Patria , hicimos un pedido de informe sobre la situación y una declaración, porque si a los niños los iban a sacar de ahí, tenían que estar en un lugar cercano a su vivienda”, explicó.
“Soy comunera de Unión por la Patria, y nuestros legisladores se pusieron a disposición para hacer un Pedido de Informe (PDI) o una declaración. Yo estoy haciendo un 104, de acceso a la información pública, donde el Ejecutivo tiene 15 días para responder –siempre hay una prórroga–, pero lo estamos haciendo en articulación”, detalló.
“Además de la fuerza política en la que integro, estamos articulando con diferentes organizaciones: Patria Grande, docentes, La Cámpora, el gremio de Ademys y el Frente de Izquierda. Es importante que podamos visibilizar desde todos los sectores”, concluyó.
Pronunciamiento docente
Por su parte, la Asamblea Docente de la Escuela N.º 16 del D.E. 14 elevó una nota vía jerárquica solicitando una reunión urgente. En el documento, expresaron: “Hoy, 28/08, lxs docentes de la Escuela 16 DE 14 elevamos mediante su correspondiente vía jerárquica una nota con pedido urgente de reunión con el Director del Área de Primaria, Sr. Rodrigo Stanczak, y la Directora General de Educación, Nancy Sorfo, para que nos den una respuesta inmediata sobre el increíble avance que han hecho sobre las decisiones para las cuales nos habían garantizado tiempo”.
“En principio, volvemos a denunciar la presión que sufrieron nuestros titulares, debiendo definir y firmar de un día para el otro la decisión sobre sus cargos, con el rumor instalado de que ‘si no firman, pierden los cargos’. Hoy, y lo más urgente, las familias deben buscar y/o comenzar a solicitar vacantes en otras escuelas, instalando el miedo de que si no lo resuelven en lo inmediato, corren el riesgo de quedarse sin vacante”, alertaron.
La comunidad educativa sigue en pie de lucha, exigiendo una solución que priorice el derecho a la educación de los niños y niñas del barrio.