En pocas semanas, el Gobierno de la Ciudad logró que barrios distantes entre sí puedan organizarse y coordinar medidas conjuntas. Ocurrió tras la presentación del jefe de Gobierno Jorge Macri, en la que anunció oficialmente la construcción de “módulos carcelarios” como alternativa para redistribuir a las personas privadas de su libertad, que están presas en las alcaidías porteñas.
Son tres conjuntos modulares que están siendo construidos en la Comisaría N° 12 de Saavedra, la N° 15 de Chacarita y la N° 4D, ubicada en Barracas. Son containers transformados en cárceles que contendrán a varias personas privadas de su libertad por diferentes crímenes. Varios de estos módulos estarán ubicados a dos cuadras de una escuela en Saavedra, en Barracas a pocos metros de 10 establecimientos educativos y en Chacarita a pocas cuadras de dos escuelas primarias.
“Cuando fuimos a una reunión a la Defensoría del Pueblo, nos enteramos qué perfil de delincuentes iban a poner en los containers. Nos informaron que iban a trasladar a mujeres a Chacarita y que lo más probable es que vinieran violadores a nuestro barrio”, cuenta Karina, una de las vecinas de Barracas que encabeza la lucha contra las cárceles containers. “En qué cabeza cabe traer a violadores a una zona donde hay varias escuelas alrededor”, se pregunta la vecina.
Quienes se oponen a esta iniciativa en Barracas, se movilizaron el jueves 8 de agosto hacia la intersección de Iriarte y Hornos. “La idea fue poner luz sobre este tema por eso la llamamos ‘marcha de las luces’, llevamos velas, linternas o la luz de nuestros celulares”, completó Karina.
Lo mismo ocurre en el barrio de Saavedra. La comunidad educativa está preocupada porque la cárcel container estará a menos de dos cuadras de una primaria, la Escuela Nº 13 DE 15 Dr. Ignacio Lucas Albarracín. “No queremos cárceles a metros de nuestro colegio”, manifestó Lorena, mamá de la comunidad educativa. En este barrio también se manifestaron y el punto de encuentro fue Av. Goyeneche y Ruiz Huidobro.
“Junto con el resto de los barrios generamos un espacio de trabajo en común, hicimos una reunión en Chacarita, en el local de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, donde participaron la multisectorial de Chacarita, el Frente Alto Menjunje, el Consejo Consultivo Comunal, varias agrupaciones y vecinos de Barracas y Chacarita”, detalló Rubén López, vecino de Chacarita e integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 15.
La cárcel container de Chacarita se instalará en la Comisaría Comunal 15 ubicada en Guzmán 396, frente al Parque de los Andes. En ese barrio, los módulos se construyen pegado a un predio que está destinado hace 15 años a la construcción de un polideportivo. La movilización en este barrio fue el jueves 15 de agosto en la esquina de las avenidas Corrientes y Dorrego.
“En 2010, enterados por el boletín oficial de que el GCBA estaba llamando para la construcción de la actual comisaría, que finalmente se construyó, presentamos un recurso de amparo en la justicia y finalmente la sentencia de la justicia autorizó la construcción de esta comisaría y al mismo tiempo le ordenó al Gobierno la construcción de un polideportivo que se está adeudando hace 15 años”, sumó López y agregó: “La construcción de estos módulos no tiene estudio de impacto ambiental y por otra parte se está violando el código urbanístico. Por todas estas razones estamos solicitando que paren la obra”.
La diputada porteña de Unión por la Patria, Claudia Neira, advirtió que, con estas cárceles containers el GCBA no soluciona el hacinamiento en las comisarías porteñas. “Lo único que hacen es diseminar el problema penitenciario por toda la Ciudad y afectar terriblemente a los vecinos. Una situación similar es la que ya están viviendo hoy los vecinos de Flores, que conviven junto a una alcaidía que todavía está en construcción, en Rivera Indarte y Recuero, pero donde ya hay alojados más de 50 detenidos”, detalló Neira.
Para la vicepresidenta del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura, son medidas improvisadas que se realizan sobre la marcha pero que ponen en riesgo aún más la seguridad de los barrios y además incumplen todas las normas.
“No solamente en materia penitenciaria, sino también en términos de cuál es su inserción urbana y ambiental. Un claro ejemplo es la modificación que propuso el Ejecutivo dentro de las reformas al Código Urbanístico para poder construir la Alcaidía Central de Soldati, en el Parque Olímpico, y que hoy claramente está fuera de norma. Por todo esto solicitamos una vez más al Ejecutivo porteño que convoque al Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, que debe ser el encargado de abordar esta problemática pero que hace años no se constituye”, concluyó.
Este pedido se realizó con el acompañamiento de las diputadas Manuela Thourte (UCR-Evolución) y Graciela Ocaña (Confianza Pública) y tiene como objetivo realizar un seguimiento de los más de 2 mil presos que hoy están diseminados por toda la Ciudad en comisarías y alcaidías.