En junio los vecinos y vecinas de los alrededores del Parque Los Andes en el barrio de Chacarita fueron testigos de la instalación de cuatro módulos container sobre Jorge Newbery en el predio de la Comisaría Comunal 15, sobre la calle Guzmán y Concepción Arenal, en la que hay detenidos alojados regularmente.

Al igual que en los barrios de Barracas y Saavedra señalan que “Las condiciones son inhumanas y nadie nos consultó por la localización”. En el caso de Chacarita se suma el reclamo por la construcción de un polideportivo.

Según informó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el pasado 3 de mayo junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, las cárceles containers se colocarán, de forma articulada, en los playones o estacionamientos de tres comisarías: la 15 de Chacarita, la 12 de Ramallo 4398, Saavedra, y la 4D de California 1850, Barracas.

En el caso de Chacarita, al conflicto por la instalación de los módulos se le suma la situación del predio en el que serán colocados. La manzana en la que funciona la Comisaría Comunal 15 y el Centro Único de Coordinación y Control (CUCC) incluye el terreno que desde hace 14 años está previsto la realización de un polideportivo, uno de los principales reclamos de Amparo Ambiental Chacarita.

“En la calle Rodney del barrio de Chacarita está desde hace 14 años pendiente la construcción de un polideportivo. Pero el Gobierno de la Ciudad, incumpliendo todo tipo de normas, no solo no construye el polideportivo que necesita la Comuna 15, sino que además decide poner containers para alojar presos comunes”, denuncian desde la cuenta @amparoambientalchacarita

Y agregan “creemos que este predio debe ser destinado a los vecinos y consideramos que tener personas en situación de encierro en cajas de metal es por lo menos, una vergüenza que atenta contra los derechos humanos. Para sumar elementos a esta tragedia, el Gobierno de la Ciudad encima construye un “hogar de menores” que estén atravesando alguna situación judicial. Cumplidos los 17 años, quien sabe, tal vez puedan ir caminando a las cárceles containers que están a pasitos de allí. Las cárceles modulares también esperan instalarse en Barracas, Soldati y Saavedra. Vecinos agrupados de los 4 barrios exigimos que se frene esto”, continúan desde Amparo Ambiental. Además, publicaron un mapa de ubicación del predio en cuestión “para que todos los porteños sepan lo que está sucediendo en nuestra Ciudad”, indican en sus redes sociales.

Los módulos a instalar, informó la administración local, son 57, divididos en tres grupos de 19 a distribuir entre los tres predios. Allí se alojarán a 300 detenidos, a razón de seis personas por container. Cada uno de los módulos cuenta con seis colchones en tres camas cucheta, mientras que en la parte central de la estructura habrá un pequeño espacio con mesas y bancos de metal para el almuerzo. El lugar estará rodeado por “rejas perimetrales de alta seguridad”, según informó el Ministerio de Seguridad.

El anuncio de los módulos fue acompañado por el de la construcción de una nueva alcaidía central y la concreción de las obras de un nuevo penal en Marcos Paz.

En el caso de Barracas, los módulos se instalarán en una zona que, según advierten los vecinos y vecinas, funcionan dos colegios, dos clubes, una iglesia y un geriátrico y hay también en los alrededores centros de inclusión social, conocidos como “paradores”, para personas en situación de calle.

“No entendemos el porqué de la ‘genialidad’ de poner módulos carcelarios, teóricamente provisorios, hasta que terminen Marcos Paz. ¿Por qué no los ponen directamente allá?”, se pregunta Cecilia, vecina de Barracas, barrio que también rechaza el proyecto. “No tiene ningún sentido tener cárceles desparramadas en zonas urbanas cuando lo que siempre se busca es justamente lo contrario: que las cárceles salgan de la urbe”, añade.

“Si se fugaron presos de lugares que tienen de 16 a 26 detenidos, ¿cómo podemos confiar en que van a poder controlar un lugar que va a tener muchos más? Una cárcel no puede manejarla gente que no está capacitada para esto”, sostiene Cecilia.

Tanto en Barracas como en Chacarita los vecinos y vecinas coinciden en señalar que no fueron consultados en ningún momento sobre la instalación de los módulos en sus barrios. “No fuimos convocados como vecinos en términos de la participación ciudadana que nunca se cumple. Recién en estos días logramos obtener una reunión con la Junta Comunal pero no tenemos fecha”, advierte Débora Engel de Amparo Ambiental Chacarita. En las últimas semanas las agrupaciones de los barrios involucrados estuvieron en contacto para organizar actividades en común.

La crisis de sobrepoblación de las comisarías y alcaidías tomó relevancia pública desde principios de abril cuando se produjeron cuatro fugas en la primera quincena del mes. Los hechos ocurrieron en comisarías y alcaidías de Villa Urquiza, San Telmo, Caballito y Balvanera, preparadas sólo para recibir detenidos transitorios.

Según los números oficiales, al día de hoy hay alrededor de dos mil detenidos en lugares con capacidad para cerca de mil, en el marco de una Ciudad sin servicio penitenciario propio.

Las cifras también indican que más del 95 por ciento de esos presos corresponden a procesos llevados adelante por los fueros federales y nacionales. Por este motivo la administración porteña sostiene su pedido a Nación para que se lleve a los detenidos al Servicio Penitenciario Federal.