El lunes 18 de julio de 1994 a las 9:53 de la mañana la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) situada en la calle Pasteur, en pleno corazón del barrio de Once, un coche bomba se estrelló contra su fachada cargando una gran cantidad de explosivos derrumbando el edificio. A su alrededor un radio bastante amplio sufrió el ataque. Pero fundamentalmente dio por concluidas 85 vidas.
Este fue el segundo atentado (en poco más de dos años) perpetrado contra todos los seres humanos, pero simbólicamente fue contra la comunidad judía. El atentado contra la AMIA fue caratulado como un hecho proveniente del terrorismo fundamentalista islámico. Esto no significa que la religión de Mahoma tenga como fijación la destrucción del pueblo judío. El acto demuestra la cobardía de un grupo minoritario, que escudado en su creencia falsa sobre la santidad, actuó por el simple y diminuto impulso de conseguir beneficios propios o para su grupo de pertenencia. Pero, es importante recalcar, que bajo ningún aspecto actuó en nombre de la fe de los seguidores del Islam.
El atentado ocurrido aquel 18 de julio tuvo una segunda voladura. Fue a nivel intelectual y emocional, ya que tres décadas después todavía no se ha hecho justicia.
La justicia no encarna un mero sentimiento negativo de revanchismo, por el contrario, representa el positivo interés de lograr mantener los valores que unen a la mayoría de los hombres y mujeres que habitan y habitaron este planeta. Cada uno de los días de impunidad que pasaron, desde aquella fatídica mañana, representaron nuevos atentados.
La justicia es la herramienta para lograr la igualdad social y no puede actuar a media máquina, sino que debe encontrar y sentenciar a los culpables sin importar quienes los protejan. Incluso si esos protectores ostenten los hilos de poder.
Para ser explícitos, no sería inapropiado aceptar que el problema de la inseguridad tiene como raíz la falta de justicia en casos como la AMIA, el atentado a la embajada de Israel, la explosión de Río Tercero, los gatillos fáciles y cualquier delito mayor o menor que el sistema jurídico, vaya a saber respondiendo a qué interés político o personal, no haya actuado debida y honradamente.
Los pocos escrúpulos de nuestros gobernantes logró su cometido y el atentado lleva 30 años sin condenas y lograr la justicia en honor a los caídos y a toda la sociedad.
Por eso mismo hay que tener respeto hacia cuestiones tan importantes y representativas como es el esclarecimiento del atentado a la AMIA o el de cualquier otro caso en el cual se busque hacer prevalecer a la justicia por sobre la impunidad.
Treinta. Es un número, una cantidad, una fecha, un símbolo. La significación que trae inscripta esta palabra es infinita y dependerá del momento y lugar que nos toque vivir. Por eso hoy el mes de julio de 2024 sólo nos remite a un hecho.
INVESTIGACIÓN
La investigación tiene varios frentes y una certeza: que hubo un coche bomba que se estrelló en la sede de la AMIA, ubicada en Pasteur 633, con más de 300 kilos de explosivos. Y también un conductor suicida. Desde la época del ex juez Juan José Galeano, más tarde profundizado por el fiscal Alberto Nisman -muerto en extrañas circunstancias en 2015-, el principal sospechoso fue Irán, a través del Hezbollah.
Hay indicios claves: un comunicado de prensa que se hizo a los pocos días de la explosión en donde una agrupación vinculada a Hezbollah se atribuyó el atentado; y el ascenso que recibió Salman Rauf Salman, conocido entonces como Salman El Reda, en la estructura de la organización. Salman estuvo activo en la Triple Frontera en los días previos al ataque y estuvo en Buenos Aires el día de la explosión. Se cree que fue la persona que activó las células dormidas que concretaron el atentado. Y que estuvo en directa connivencia con el agregado cultural iraní en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, quien había montado una inteligencia clandestina para Irán en Argentina. La secretaria privada de Rabbani era la esposa de Salman.
En 2006, la Justicia argentina ordenó la captura internacional de nueve sospechosos: el ex presidente iraní, Alí Akbar Hashemi Rafsanjani (hoy fallecido); el ex ministro de Información y Seguridad Alí Fallahijan; el ex ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Ali Akbar Velayati; el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai; el ex consejero cultural de la Embajada iraní en la Argentina, Mohsen Rabbani; el ex embajador iraní en la Argentina, Hadi Soleimanpour; el tercer secretario de la Embajada iraní en la Argentina, Ahmed Reza Asghari; el comandante de las Fuerzas Quds, Ahmad Vahidi; y el jefe del Servicio de Seguridad Exterior del Hezbollah, Imad Moughnieh (hoy fallecido). Desde 2007, Interpol le dio máxima prioridad de búsqueda -”circular roja”- a solo cinco de ellos, que a lo largo de los años se han ido renovando. A esa lista se agregó en 2009, a pedido del fiscal, la captura internacional, con alerta roja de Salman Raouf Salman, alias Samuel Salman El Reda.
Para el resto de los prófugos, solo resta esperar que salgan de Irán y algún país amigable quiera colaborar con la Argentina.
La luz de esperanza de los investigadores está puesta por un lado en Brasil y por otro en Estados Unidos. En Brasil porque uno de los últimos sospechosos de la causa es Farouk Abdul Hay Omairi, un hombre de casi 80 años, origen libanés y con residencia en la zona de la Triple Frontera que se hizo ciudadano brasileño. Se lo acusa de haber ayudado Salman Raouf Salman.
En Estados Unidos porque uno de los principales sospechosos del atentado, Raouf Salman, también es reclamado por ese país por actos terroristas. “Si EEUU, que tiene un poco más de poder de presión que Argentina, En Comodoro Py ya se hicieron dos juicios contra la llamada “conexión local” del atentado y los dos terminaron en absoluciones. En el primer juicio Carlos Telleldín, un reducidor de autos que ahora trabaja de abogado, fue absuelto junto a un grupo de policías a los que él había acusado luego de un pago de 400 mil dólares que negoció con el entonces juez Juan José Galeano en 1996. Apelaciones mediante de las querellas, la Corte Suprema dejó en pie los dos primeros años de investigación antes de aquel pago. Fue llevado a un nuevo juicio en donde tanto la fiscalía como las querellas pidieron que fuera condenado a penas de 20 años a perpetua. Pero el Tribunal Oral Federal 3 concluyó en diciembre de 2021 que durante el proceso no se probó que Telleldín supiera el uso que iba a tener la camioneta Traffic.
El Gobierno nacional anunció que impulsa el proyecto del juicio en ausencia, como una manera de avanzar sobre los acusados. Lo hicieron público días atrás los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente.