El jueves al amanecer, cerca de las seis, un operativo de la Policía de la Ciudad comenzó a rodear un predio ubicado en la esquina de San Blas y Andrés Lamas, en el barrio porteño de Villa Gral. Mitre (Comuna 11). El terreno, que incluye cinco unidades horizontales, estaba ocupado por más de cien personas. La intervención, que terminó con la recuperación del espacio y cuatro detenidos, reavivó un conflicto judicial y social que se extiende por más de veinte años.

Los hechos y el operativo

El procedimiento se inició con un fuerte despliegue de efectivos y vallas de contención. Según fuentes oficiales, la medida contaba con autorización judicial debido a un presunto peligro estructural en las viviendas. Sin embargo, durante las primeras horas, los ocupantes y vecinos denunciaron que no se les exhibió una orden de desalojo por escrito. Más tarde, las autoridades informaron que el aval había sido comunicado telefónicamente por la fiscalía.

Personal de la Policía de la Ciudad logró finalmente ingresar y desalojar el complejo. En medio de momentos de tensión, con empujones y discusiones, tres personas fueron detenidas por atentado y resistencia a la autoridad, mientras que una cuarta permanece aprehendida por causar lesiones a una efectiva de la fuerza.

Peritos técnicos constataron riesgo inminente de derrumbe, por lo que la Guardia de Auxilio clausuró el edificio. La Red de Atención porteña comenzó a censar a los desalojados para gestionar asistencia social y posibles soluciones habitacionales transitorias, aunque fuentes de los afectados rechazaron de antemano subsidios o paradores.

Versiones enfrentadas

Desde el Gobierno de la Ciudad, el jefe de Gobierno Jorge Macri defendió la medida: “Cuando se usurpa, en el barrio se instala gente violenta. Los denuncian los propios vecinos: son sinvergüenzas que fomentan la extorsión y el robo. En la Ciudad no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista que protege a los que viven del delito”. En los últimos meses, la administración porteña afirmó haber recuperado casi 600 propiedades en el marco de su política de “respeto a la propiedad privada” y “orden público”.

Fuentes de seguridad porteñas señalaron que entre los ocupantes había personas con antecedentes, imputaciones y sumarios judiciales, e incluso mencionaron a un supuesto delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Por el contrario, los afectados y referentes sociales ofrecieron una mirada opuesta. Una mujer desde detrás de las vallas aseguró: “Dijeron que nos van a dar $150.000, vamos a resistir hasta que nos muestren una orden”. Otra persona denunció estafas: “Los estafaron, hay familias que pagaban. Hay una mamá que compró a quien decía ser el dueño. ¿Les parece justo esto? Esto es todo mentira”.

Además, vecinos y habitantes remarcaron que entre los desalojados hay niños y personas con discapacidad. La diputada porteña Delfina Velázquez calificó el operativo como “irregular” y sostuvo que se avanzó sin cumplir garantías. Legisladores y referentes sociales se acercaron al lugar para reclamar soluciones habitacionales.

El origen del conflicto

Según información oficial, el conflicto se remonta a 1998, cuando la propietaria original dejó el inmueble a cargo de una empleada. Años más tarde, al regresar, la dueña encontró que varias familias más vivían en el predio. Desde entonces se desató una puja legal. En 2009, la Justicia dictó sentencia firme de desalojo. Sin embargo, los ocupantes —que según el Gobierno se atribuían la condición de dueños y llegaron a tratar de inquilina a la verdadera propietaria— impidieron durante años las inspecciones judiciales, incluso aquellas motivadas por riesgo estructural.

Cómo se definió

El desalojo continuo en horas de la tarde. La definición final llegó con el ingreso de los efectivos, los peritajes que confirmaron el peligro de derrumbe y la clausura del predio. Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia. La Ciudad, a través de sus áreas sociales, avanzó en el relevamiento de las familias para evaluar posibles reubicaciones, aunque hasta el cierre de esta nota no se había anunciado una solución definitiva.

El predio, ubicado entre San Blas 1972 y Andrés Lamas 2097, quedó bajo custodia policial y clausurado, mientras el conflicto de fondo —el de la vivienda y los límites entre el derecho a la propiedad y la emergencia habitacional— sigue abierto en el barrio.