El nuevo Código Urbanístico (CUR) de la Ciudad de Buenos Aires fue recientemente sancionado como ley, tras seis meses de intensos debates y un proceso participativo que incluyó ocho jornadas de audiencia pública con la participación de cientos de vecinos. Con 31 votos a favor, 11 en contra y 18 abstenciones, la reforma tiene como objetivo proteger la identidad de los barrios, fomentar el desarrollo del sur de la ciudad y mejorar la calidad ambiental en áreas urbanas densamente pobladas.

Un proceso participativo y una reforma necesaria

La modificación del CUR surgió a partir de un diagnóstico colectivo que involucró a vecinos, profesionales, instituciones y legisladores. Durante el proceso de consulta, se buscaron soluciones a los problemas generados por la versión anterior del código, sancionado en 2018, que había sido cuestionado por el avance desmedido de la construcción en diversas zonas de la ciudad. La reforma introdujo cambios que buscan equilibrar el desarrollo inmobiliario con la preservación del carácter de los barrios.

Entre las principales modificaciones, destaca la propuesta de regular la altura de los edificios en función del entorno barrial, con el fin de evitar desarrollos que alteren el paisaje característico de áreas residenciales de casas bajas. Además, se establecieron incentivos para promover la construcción en el sur de la ciudad, históricamente postergado, con la creación de nuevas áreas de desarrollo prioritario.

Principales cambios del nuevo Código Urbanístico

Modificación de las alturas:
Una de las reformas más significativas se refiere a la regulación de la altura de los edificios. Mientras que la versión anterior del CUR establecía seis alturas fijas, el nuevo código permite tres alturas excepcionales de hasta 68 metros en avenidas del norte de la ciudad. A su vez, en los centros de manzana, se redujo la capacidad constructiva para favorecer la creación de espacios libres, aumentando la calidad ambiental.

Incentivos para el sur y el equilibrio urbano:
El nuevo código establece un sistema de "emisores" y "receptores" de metros cuadrados. Los desarrolladores que construyan en áreas del sur podrán transferir esa capacidad constructiva a sectores del norte, generando un equilibrio en el desarrollo urbano. Además, se promovieron nuevas iniciativas para transformar terrenos baldíos y estacionamientos en espacios verdes de uso público.

Zonas con nuevas normas para pasajes y áreas verdes:
El código también limita la altura de las construcciones en los más de 400 pasajes de la ciudad a un máximo de 9 metros. Además, se incentiva la creación de nuevos espacios verdes en zonas densamente pobladas, como San Nicolás, Balvanera y Almagro, mediante la cesión de terrenos para el uso público.

Las críticas y la postura de los vecinos

Pese a los esfuerzos por incluir diversas voces en la discusión, algunas agrupaciones vecinales no comparten el enfoque del nuevo código. Desde la Interbarrial Buenos Aires (IBBA), un colectivo de vecinos de diferentes barrios, se denuncia que la reforma no responde a un "plan urbano", sino a un "plan de negocios". Aseguran que la propuesta de construir edificios de hasta 68 metros en barrios tradicionalmente residenciales, como Chacarita, Villa del Parque y Devoto, pone en riesgo la identidad barrial y la calidad de vida de los habitantes. También critican la flexibilización de los usos mixtos, que permiten la instalación de polos gastronómicos y comerciales que alteran la tranquilidad de los barrios.

La IBBA concluye que, aunque se ha logrado un avance en la discusión, el proceso no ha satisfecho las demandas de los vecinos respecto a la infraestructura de servicios, la preservación ambiental y el derecho a una vivienda digna.

Un nuevo rumbo para la ciudad

Con la sanción de esta ley, la Ciudad de Buenos Aires da un paso hacia un urbanismo más equilibrado, que busca proteger la identidad de los barrios al tiempo que fomenta el desarrollo en áreas históricamente desatendidas. Sin embargo, el debate sobre el futuro de la ciudad está lejos de terminar, y los vecinos siguen organizándose para garantizar que los cambios respondan a sus necesidades y no solo a los intereses inmobiliarios. Esta sanción representa una primera etapa en la lucha por una ciudad más habitable, sostenible y justa para todos.