Después de tires y aflojes la novela de los subtes llegó a su final, el subte ya es de la Ciudad; el jueves 20 de diciembre la Legislatura porteña aprobó el traspaso del servicio de subterráneos y el Premetro a la órbita Ciudad de Buenos Aires, tras extensas negociaciones registradas debido a las dificultades del PRO para obtener consenso.
Iba a suceder tarde o temprano, después de una extensa sesión, el subte fue traspasado a la Ciudad. Una de la consecuencias que afectarán a los innumerables pasajeros que transitan por la ciudad porteña es la suba de peajes, patentes e impuestos a las escrituras. El pro, el kirchnerismo y otros bloques aprobaron un proyecto para que el Gobierno porteño se haga cargo a partir del 1° de enero de las seis líneas de subte y el Premetro.
La iniciativa del oficialismo porteño -con modificaciones- contó con la aprobación general de 46 diputados mientras que 13 votaron en contra (se opusieron la Coalición Cívica, Proyecto Sur, Buenos Aires para Todos y el MST).
El principal problema era el financiamiento, para hacer que los gastos del subte tengan un ingreso permanente, no sólo para el gobierno de Macri sino para todos los Gobiernos de la Ciudad.
Por tal motivo, se decidió ampliar el Programa de Financiamiento en el Mercado Local creado por la Ley Nº 4.315, por un importe de hasta 300 millones de dólares o su equivalente en pesos; y se autoriza al Poder Ejecutivo, "a contraer un empréstito público representado por una o más emisiones de títulos de deuda por ese importe, según lo determine el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda al momento de la fijación del rendimiento de los Títulos. En el caso de que el plazo de endeudamiento de una o más emisiones no supere los 24 meses se autoriza al Poder Ejecutivo a refinanciar dichos vencimientos mediante una nueva operación de crédito público por un monto equivalente".
Además, "se creará la Contribución Especial Ferroviaria”, destinada a contribuir con la prestación del servicio del Subte, la que será abonada por todos los usuarios consumidores en oportunidad de abonar los peajes de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad de Buenos Aires", según el artículo N° 43 del expediente.
El impuesto sobre las naftas fue suprimido y reemplazado por el aumento a los sellos que, como dice el artículo N° 54, "establece la alícuota del 1,00% para los actos, contratos e instrumentos gravados con el Impuesto de Sellos".
También se incorporó un tributo a Automóviles, camionetas rurales, camionetas 4x4, microcoupes, motocicletas, motonetas, ambulancias, autos fúnebres, casa rodante y trailers. La alícuota se fija en 3,20%. Cuando la valuación fiscal de los vehículos supere los $150.000 y hasta $200.000 la alícuota se fija en 4,00%. Cuando la valuación fiscal sea mayor a los $200.000 y hasta $300.000 la alícuota se fija en 4,50%. Cuando la valuación fiscal sea superior a los $ 300.000 la alícuota se fija en 5,00%.
La ley determina que el 18,19 % de los recursos recaudados en concepto de patentes, sobre vehículos en general, cuando la valuación fiscal supere los $ 150.000 y hasta $ 200.000, será destinado al Fondo del Subte. Cuando la valuación fiscal supere los $ 200.000 y hasta $ 300.000, será del 26,27 % de los recursos recaudados en concepto de patentes para el Fondo de Subte. Asímismo la norma determina que será del 32,73 %, cuando la valuación fiscal supere los $ 300.000.
Por otro lado se modificó el artículo 1° del documento original que declaraba al "servicio público esencial" y se establecerá que el transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo es un "servicio público". En caso de huelga las organizaciones gremiales que nuclean a los trabajadores del servicio deberán comunicar al Ministerio de Trabajo las acciones y medidas a tomar.
En caso de conflictos colectivos de trabajo que deriven en huelga del personal o de cualquier otro tipo de reclamo colectivo que afecte la prestación del servicio, el prestador deberá brindar servicios mínimos cuya modalidad y condiciones será acordado entre las partes. Las organizaciones gremiales o sindicales deberán comunicar las medidas de protesta a adoptar, con 3 días de antelación al evento.
Por último, hubo modificaciones en lo pertinente a la declaración del estado de emergencia del servicio. El mismo se redujo a 2 años (antes era de 5) y se faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar la emergencia por el término de un año, teniendo en cuenta el resultado de la auditoría integral sobre el estado de cumplimiento del contrato de concesión.
Hablaron los legisladores que dieron su voto negativo a la ley: Fabio Basteiro (por Buenos Aires para Todos); Rafael Gentili (por Proyecto Sur); Alejandro Bodart (MST); y Fernando Sánchez (Coalición Cívica) . Aunque felicitaron la lucha de los trabajadores “por sostener sus posturas durante el debate”, los dirigentes expresaron su oposición al proyecto que finalmente se votó. Gentilli sostuvo que no acompañarían el proyecto de consenso porque, entre otras cosas, “se sigue manteniendo un vínculo con la empresa Metrovías”.
Los que estaban a favor de la ley expresaron: Anibal Ibarra dijo, “La ley original entregaba superpoderes al Jefe de Gobierno y limitaba los derechos laborales, pero nosotros tuvimos una actitud política tan firme como consecuente. Esa ley como estaba no la votamos, pero estamos de acuerdo a acompañar la transferencia. Cambiamos y transformamos las cosas que para nosotros hacía el proyecto invotable. Habrá financiamiento y auditoría. Los porteños se merecen viajar mejor en subterráneo”.