¿Cómo creer en la Justicia si tras 22 años ella no avanzado en nada por el esclarecimiento del atentado de mayor envergadura de nuestra historia? ¿Cómo creer en ella si sus representantes sólo se han dedicado al armado de una causa judicial ficticia motivados por dinero, falsa gloria o revanchismo personal? ¿Cómo creer en el poder político si constantemente está en convivencia para dilatar o desdibujar una causa que caso contrario hubiera llegado a los más altos niveles de la autoridad nacional?

Interrogantes que luego de aquel 18 de julio de 1994, tras el asesinato de 85 personas por la voladura de la sede de la AMIA, contaminan la idea e institución de Justicia y por consiguiente, las bases de nuestra sociedad.
¿De qué manera se reblandecen los cimientos sociales? Las leyes que rigen nuestro comportamiento tienen una función coactiva que lleva a cada individuo a atenerse a las consecuencias de su transgresión. A pesar de esto, si las más horrorosas formas de inflingirlas no son sancionadas comienza a regir el Principio -no declarado- de Comparación. Es decir, si los principales responsables de la nefasta dictadura militar iniciada en 1976, a pesar de todas las pruebas en su contra, disfrutan de trato preferencial, fortalecen y consolidan la impunidad. De la misma manera, si una masacre terrorista en pleno corazón porteño no avanza en su esclarecimiento dicha impunidad acrecienta su presencia. Y, entonces este Principio -no declarado- de Comparación peligrosamente comienza a funcionar. Pues cualquier delincuente que transite por fuera de la ley lo hará en conocimiento de las estructurales falencias de la justicia, la cual no logra hacerse cargo de tan importantes causas por lo que menos tendrá ingerencia en cuestiones de supuesta menor trascendencia.
La consecuencia es evidente: la impunidad descalibra totalmente la balanza de la ley.