La Legislatura porteña aprobó una modificación de la ley que catalogó a los adoquines como integrantes del Patrimonio Cultural para permitir la remoción de aquellos que estén desgastados o destruidos.

La Legislatura aprobó una modificación de la ley que catalogó a los adoquines de las calles porteñas como integrantes del Patrimonio Cultural para permitir la remoción de aquellos que estén desgastados o destruidos y para autorizar el uso de los deteriorados y removidos en la producción de asfalto.
El 21% de las calles porteñas, unas cinco mil cuadras, son adoquinadas pero la mayoría de ellas, por los parches que se les hicieron, ya tienen más asfalto que piedras. Por eso, el objetivo del Gobierno porteño es remover los adoquines que ya no puedan usarse para la calle, asfaltar y utilizar esas piedras para otros destinos, como caminos internos de parques o material de baldosas.
Por medio de la Ley 4.806 se declaró como integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires a las calles construidas con adoquinado granítico y que se incorporasen al Catálogo Definitivo previsto en la citada norma. Precisamente bajo ese marco normativo la totalidad de las calles adoquinadas existentes en la Ciudad al momento de la sanción de la ley fueron incluidas en el Catálogo Definitivo.
Además, estos adoquines están catalogados y protegidos por un amparo presentado por ex integrantes de varias Juntas Comunales y por vecinos pertenecientes a distintos Consejos Consultivos Comunales.
“Se instauró una protección genérica del adoquín sin tener en cuenta las características de la circulación vehicular, la cual fue variando e incrementándose con el transcurso del tiempo y con el crecimiento de la densidad poblacional. De esta manera, la intensidad del tráfico vehicular, ocasionó el movimiento individual y el desgaste de las piezas graníticas alterando su morfología original”, explican los fundamentos de la iniciativa impulsada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, aprobada con 35 votos positivos (PRO, PS, PSA, FR), 14 negativos (FpV, BP, BC, FIT) y 6 abstenciones (Suma+).
La norma fue sancionada sobre un texto consensuado que establece la nueva redacción del artículo 3° de la Ley 4.806: "La Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, conformará el catálogo definitivo. Asimismo, podrá autorizar la actualización del mencionado Catálogo a instancia del Poder Ejecutivo, mediante la Autoridad de Aplicación que este designe, por motivos debidamente fundados. Dicha actualización deberá tener en cuenta especialmente el entorno donde se encuentran las calles adoquinadas en cuestión”.
En los fundamentos se destacó que “no se pretende desconocer el valor histórico que las calles adoquinadas poseen, sino lograr un equilibrio razonable entre la preservación de dicho patrimonio cultural y las necesidades del creciente y complejo parque automotor que exige fluidez en el tránsito y precisión de maniobras. En aquellos lugares donde el adoquinado porteño cumpla adecuadamente con sus funciones viales, ambientales, estéticas y culturales, la protección quedará garantizada”.
Ahora los adoquines removidos podrán ser utilizados para la producción de asfalto generando una reducción en los costos de las obras proyectadas.
Vecinos y distintas organizaciones señalan que el valor de los adoquines no es sólo patrimonial, sino también ambiental ya que sirven para drenar el agua de lluvia. Además, son reductores naturales de la velocidad de los vehículos y durante el verano colaboran con la baja de las temperaturas.
Desde el Gobierno porteño esgrimen que las calles cuentan con muchos parches de arreglos debido al adoquinado, que para hacer estos trabajos es necesario contar con operarios que sepan cómo colocar este material y que reparar una calle adoquinada es nueve veces más caro que desparramar asfalto sobre la superficie.
La polémica en torno a los adoquines también se centra en el destino de los mismos una vez removidos. Algunos fueron reubicados en plazas y espacios públicos porteños, sin embargo, hay varias denuncias que plantean que muchos fueron vendidos mediante Internet o utilizados en barrios privados del conurbano.